El Tribunal Supremo estima recurso de casación interpuesto por los letrados de ATO Abogados contra la Sentencia Audiencia Provincial Huelva, Sección 2ª, procediendo a declarar la nulidad de un contrato de participaciones preferentes de Bankia por error vicio en el consentimiento, tal y como estimó el Juzgado Primera Instancia Nº2 Huelva.
Antecedentes
En febrero de 2010, nuestros clientes adquieren «Participaciones Preferentes Caja Madrid 2009» en una oficina de la entidad Caja Madrid (tras un proceso de fusión, Bankia). En mayo de 2013 Bankia procede al canje de las participaciones por acciones de la entidad, ocasionando unas importantes pérdidas a los clientes por la cotización de dichas acciones.
Tramitación en primera instancia.- En septiembre de 2013, los letrados de nuestro bufete interponen demanda contra Caja Madrid, siendo estimada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Huelva, que declara la nulidad del contrato de «participaciones preferentes Caja Madrid 2009» y condenando a la entidad (ahora Bankia) al reintegro de la cantidad que resultara de la restitución recíproca de los pagos efectuados entre las partes derivados del contrato, más los intereses legales y moratorios.
Tramitación en segunda instancia.- Bankia interpuso recurso de apelación ante Audiencia Provincial de Huelva, que en 2014 revoca la Sentencia del Juzgado y desestima por completo nuestra demanda.
Interposición y tramitación del recurso de casación.- En 2015 se interpone dicho recurso ante el Tribunal Supremo, que admite a trámite, resolviendo en junio de 2017 y confirmando íntegramente la Sentencia en primera instancia del Juzgado.
La propia Sentencia afirma, de manera incoherente con la relajación con que exige el cumplimiento de los deberes de información por parte de la entidad, que la falta de cuidado en la asesoría, al ofrecer como rentable un producto propio se produjo «con información sobre la calidad de las participaciones desfasada (las clasificaciones de agencias de rating del folleto de emisión se datan con arreglo a la verdad pero son de fechas pasadas) o con previsiones de crecimiento o revalorización que carecieran de verdadero fundamento, y más cuando se trata de vender valores propios y siendo que debería la entidad disponer de mejor información (el director de la sucursal que actúa por el banco dio cuenta clara de haber dado consejos financieros en la más total ignorancia)».
El razonamiento de la Sentencia recurrida es contrario a la doctrina de la Sala puesto que, clasificados los clientes como minoristas por la propia entidad, es a esta a la que incumbe probar que la información sobre los riesgos del producto fue proporcionada con antelación suficiente y que, no producida tal circunstancia, concurren en los actores circunstancias que permiten llegar al convencimiento de que sí pudieron representarse las características del producto de forma suficiente como para prestar su consentimiento de manera libre y no viciada por error.
